Especulación o crecimiento

Tornallom y la planificación territorial en Valencia a 10-04-2009
El Ayuntamiento de Valencia y otras administraciones implicadas quieren construir una ZAL junto al mar, sobre los excelentes huertos de la zona de La Punta.
Puede verse los videos que narran los acontecimientos en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=OAWHwKErHEA&feature=video_response
La planificación territorial en la Comunidad Valenciana se ha hecho desde una ideología ultraliberal, contraria a la intervención pública en la ordenación del territorio y adoptando una actitud pragmática-oportunista, gracias a la discrecionalidad que se otorga a su gestión y porque esta manera de actuar evita otros conflictos en los municipios que necesariamente aparecen cuando se desarrolla una auténtica planificación territorial.
En este articulo intentaremos ofrecer una visión evaluativa de la ordenación territorial pública que se aplica en la actualidad en la zona de La Punta, en la ciudad de Valencia. Resulta difícil plasmar, por su extensión, una descripción geográfica del espacio económico que analizamos. Se va a tratar de realizar un análisis de los mecanismos e instrumentos de actuación, de los criterios generales en que se basa, para dar una evaluación de la dimensión política. La ordenación territorial ha acontecido un tema político y jurídico de primer orden en la ciudad de Valencia.
La ciudad esta afectada de un cúmulo de problemas, como la orientación de la economía valenciana hacia la celebración de grandes eventos, la búsqueda de una posición dominante en la logística mediterránea, la incidencia del fenómeno turístico, el crecimiento demográfico y la preservación de los recursos naturales y del paisaje natural como principal potencial económico, teniendo en cuenta que la presión edificatoria y de utilización del territorio en general, y sus recursos naturales, han convertido estos temas en actualidad permanente de la política autonómica y municipal de Valencia. Por lo anteriormente dicho parece oportuno analizar el estado actual de la planificación, ordenación y gestión territorial en Valencia, a fin y efecto de entender los conflictos sociales relacionados con el territorio y comprobar si el modelo territorial es el adecuado para un desarrollo sostenible.

La hipótesis de partida será que tendremos en cuenta que toda la política del espacio valenciano, está condicionada por una idea que tuvo su origen en anteriores generaciones y que está por encima de la política, de las ideas y de los valores iusnaturalistas: El crecimiento urbanístico como paradigma de la política territorial. Este crecimiento está basado en la “economía del ladrillo”, que impulsa una política urbanística con ambiciosos proyectos de expansión urbanística, inmobiliaria y turística y que en cuanto al consumo del suelo tiene una dimensión y dinámica totalmente desmesurada. Este modelo económico devastador se caracteriza por un peso excesivo de la construcción en el conjunto de las actividades económicas y una fuerte especulación inmobiliaria, en la cual participan bancos, promotores, constructores y, no como últimos, los ayuntamientos de los municipios, que se benefician de los ingresos procedentes del urbanismo. La lógica capitalista del aprovechamiento de todas las cosas existentes y su transformación en mercancía tiene su paralelo en la política territorial. Es por eso, que no existe un modelo integral de ordenación y gestión territorial que fuera especialmente adaptado a la situación y características singulares del territorio valenciano y que partiera de la premisa de satisfacer las necesidades reales existentes, de una manera racional, planeada y equitativa.
Identificamos el problema, resultando que es necesario construir la ZAL, para lograr el desarrollo del Puerto de Valencia, de manera que no pierda el lugar privilegiado que ocupa para carga y descarga de mercancías a nivel internacional.
El análisis del problema resulta complicado porque no tenemos datos de la producción agrícola resultante de la zona que se quiere reconvertir, lo que si que tenemos son datos que nos dicen que como consecuencia de la crisis internacional se han paralizado las inversiones en suelo, por tanto, todo el suelo expropiado para la ZAL no se verá utilizado para el destino proyectado en el tiempo que se pretendía con el proyecto inicial.

Era necesario en ese momento realizar los desalojos? Había otras soluciones temporales para la zona? Incluso, podría ser la última oportunidad este año para poder seguir justificando la necesidad de recrecer el puerto de Valencia? Cuando resulta que por la crisis el puerto no necesita crecer, puesto que todos los puertos están disminuyendo su actividad, ¿que necesidad había de ejecutar esas acciones?. Con el puerto económicamente en regresión, en la actualidad, habría sido cada día más difícil justificar por parte del ayuntamiento que le hacían falta esos terrenos al puerto para desarrollarse, ¿que hubiera ocurrido entonces?, quizá nunca hubieran tenido la oportunidad de realizar las expropiaciones. Ahora ya está hecho, el tiempo dirá si realmente responden a los objetivos que se habían proyectado.

Respecto del diseño del modelo de intervención responde claramente al urbanismo salvaje, es decir, planteamos el proyecto, sin atender a mas cuestiones que las puramente mercantiles, sin tan siquiera pensar en otra opción de desarrollo de la zona.
¿ese espacio pudiera haber seguido realizando las actividades cotidianas, hasta que de verdad se observara que el ciclo permitiría el desarrollo de la ZAL? Incluso a priori ¿visto el desarrollo de nuevas economías en ese espacio económico , se podría haber replanteado la ubicación de la ZAL? Se podría haber utilizado la zona como vivero para políticas activas de empleo?¿con la ubicación tan cercana a la ciudad, cuanto habrían costado si se hubieran pagado los terrenos a precio de mercado?¿ no hay alternativas más justas y sostenibles , que desarrollaran sinergias con el entorno?

La implementación de la política se plantea de manera que el ciudadano no tenga ninguna participación en el proceso, tampoco se consulta con los agentes vinculados al espacio a reconvertir, de manera que se crea una sensación de desprotección en la ciudadanía, en la que solo resulta un sentimiento de ajeneidad con respecto al problema del vecino. Tan solo se observa el consenso en los políticos y en los agentes sociales cuando previamente se ha marginado a los grupos minoritarios y se les ha desprovisto de todo capital mediático, a través de argumentos que defienden el interés general.

Es muy complicada la evaluación de la eficiencia y de la eficacia de esta política, ya que el tiempo que tardara en destilar resultados, será excesivo para poder realizar un balance y en base a los resultados realizar la crítica a los responsables y que sobre estos pueda tener alguna repercusión. Resulta complicado ver los resultados cuando el último plan que ha requerido la autoridad portuaria tiene un periodo de 2010-2020, y hasta entonces no se podrá evaluar la eficiencia de esta acción.
En cuanto a la equidad es tremendamente injusto que el poseedor de pequeños terrenos sea presa tan fácil de esta sociedad, cuando deberían de ser los terrenos más difícilmente reconvertibles teniendo en cuenta el déficit de suelo agrario de calidad que tenemos.

Como resultado, no alcanzamos la excelencia, carecemos de un espacio bien distribuido, en el que la economía sea sostenible, y esto crea una dependencia de determinados sectores y capitales que nos deterioran rápidamente la economía, cuando ellos entran en crisis.

En Valencia existe un sistema de ordenación territorial poco adelantado y estudios ambientales que no se aplican en la gestión y planificación territorial. No resulta extraño que no este conectada la ordenación territorial y urbanística, por una parte, y la ordenación sectorial turística, industrial, o medioambiental, por otra. Falta un marco integral de referencia que unifique las normativas respectivas del derecho urbanístico y de la ordenación territorial y otras normas con incidencia territorial. Una reforma de la legislación urbanística no bastaría para reorientar la ordenación territorial. Lo necesario es integrar políticas y medidas sectoriales que integren todos los ámbitos, que se basen principalmente en la participación de los ciudadanos y en la mejora cualitativa del espacio valenciano.